María Inés Zigarán

El aparato represivo en Jujuy

¿QUIÉN ERA QUIÉN?

Producción: María Inés Zigarán.

Fuente: expedientes judiciales correspondientes a las causas de lesa humanidad

Durante la dictadura militar, el país fue dividido en zonas militares. Jujuy, junto a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, formó parte de  la jurisdicción militar estructurada y denominada “Zona III”, que respondían directamente al Jefe del Comando del III Cuerpo del Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, con sede principal en la provincia de Córdoba.

La función concreta de la Zona III fue llevar a cabo la represión organizada del Estado dirigida desde la óptica e ideología de quienes la conducían, cada cual en su estamento, para el éxito del Proceso de Reorganización Nacional, o también denominado “operativo limpieza” tal como perversamente se denominó la represión ilegal llevada a cabo por la dictadura militar.

Antonio Domingo Bussi fue el Comandante de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán, con directo dominio en la jurisdicción de Tucumán, Salta y Jujuy, es decir era responsable de una amplia jurisdicción denominada “subzona 32”.

Menéndez junto a Antonio Domingo Bussi fueron las cabezas de mando del Ejército con la específica y concreta misión de detectar y aniquilar a las organizaciones y a personas que se entendieran subversivas, poniendo para ello en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva nº 1/75, para la lucha contra la subversión.

Ambos –Menéndez y Bussi- tenían bajo su control operacional a la Policía Federal y Provincial, el Servicio Penitenciario Nacional, Provincial, y bajo el control funcional contaban con la Secretaría de Informaciones del Estado Nacional y/o Servicio de Inteligencia Nacional y Provincial.

Dentro de la Subzona 32 estaba el el Area 323 que correspondía exclusivamente a Jujuy. El “Área 323” estaba encabezada por el Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los Andes”Coronel Carlos Néstor Bulacios, quien tenía el máximo poder de decisión sobre quienes debían ser detenidos, así como la suerte corrida por ellos –esto es, pasarlos al ámbito legal blanqueando su condición, informando su disposición al PEN, o bien, decidir y disponer su desaparición o aniquilamiento.

Por debajo de Bulacios, también prestaban funciones un grupo de “oficiales”, tal el caso del TenienteRafael Mariano Braga (a) “perro”, quien se desempeñaba como Oficial de Inteligencia del Área 323 –con asiento en el Grupo de Artillería Mecanizada 5 de la Guarnición “Jujuy” del Ejercito-; y también decidía quiénes eran las personas que de acuerdo a “sus planes” eran consideradas peligrosas y debían “desaparecer o simplemente suprimirse”.

Otro oficial que conformó esa estructura represiva fue el Teniente José Eduardo Bulgheroni, quien también se desempeñaba como Oficial de Inteligencia del Área 323 –con asiento en el Grupo de Artillería Mecanizada 5 de la Guarnición “Jujuy” del Ejercito-.Bulgheroni fue señalado por las víctimas como uno de los militares que tenía directa ingerencia en el Servicio Penitenciario y, además, interrogaba y torturaba a las víctimas

Como Jefe del RIM 20 “Cazadores de los Andes” y Jefe del Área 323, el Coronel Carlos Néstor Bulacios contaba con el apoyo de su secretario y mano derecha, el Teniente Jorge Isaac Ripoll, quien se encargaba también de comunicar las órdenes, hablar con los familiares, humillarlos y manifestarles que no serían atendidos por Bulacios.

El Mayor Luis Donato Arenas ocupaba el estratégico cargo de Jefe de la Policía de la Policía de la Provincia de Jujuy. Tenía un lugar privilegiado en la cadena de mandos y organización del aparato represivo estatal, al integrar en forma activa, uno de los elementos bajo control operacional de las FFAA.

Juan Carlos Jones Tamayo, funcionario público con cargo de Jefe del Batallón Comando y Oficial de Inteligencia, actuaba a las órdenes de Bulacios. Jones Tamayo tenía poder de decisión directa sobre los operativos represivos llevados a cabo en esta Provincia y el destino de las víctimas. Junto al SargentoCésar Darío Díaz, baqueano del Cuerpo de Comando, se ocupaban de interrogar, custodiar a los detenidos, efectuar los llamados “traslados” haciéndolos desaparecer ya sea entregándolos a terceros y luego ocultar toda las pruebas que permitieran conocer lo realmente ocurrido.

El Teniente 1º Antonio Orlando Vargas ejercía el cargo de Director del Servicio Penitenciario de Jujuy. Dicho penal actuó como centro clandestino de detención y allí estuvieron detenidas las víctimas de la represión de Jujuy.

Como Director, Vargas era el jefe directo del personal que se encargaba de realizar y/o cuanto menos hacer cumplir los partes disciplinarios con relación a los detenidos clandestina e ilegalmente en la unidad penitenciaria a su cargo, en donde eran sometidos a sanciones, obligados a permanecer en celdas de aislamiento en forma inhumana, a ser víctimas de torturas y tormentos, sometidos a todo tipo de vejámenes, violaciones, sesiones de interrogatorios bajo tortura y todo tipo de tratos degradantes; bajo el amparo de su persona, garantizando de esta forma el accionar a los torturadores, el grupo represor y el plan de exterminio.

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