Raúl Noro

El fin de la impunidad

Por Pedro Raúl Noro

Sec. de Comunicación de la Organización Barrial Tupac Amaru

 

El inicio de los juicios de lesa humanidad en Jujuy es un hecho doblemente auspicioso. Por un lado, porque nuestra provincia debe ser la última en el país en la cual todavía no se efectuaron esos juicios debido a una ostensible lenidad judicial y, por otro, porque el tema tuvo que ver con la acción decidida de las organizaciones sociales encabezadas por la Tupac Amaru, las que ofrecieron un apoyo activo y en la calle para terminar con la injusticia. En cuanto a la lenidad judicial, es conocida la adhesión de la magistratura federal (y provincial) a creencias superadas por la historia y los acontecimientos. La conciencia de los jueces se encuentra atrapada por ideologías conservadoras, inmovilistas y en ocasiones discriminatorias y racistas, excluyentes de las mayorías sumidas en la pobreza y la exclusión que se manifiesta con toda su inhumana crueldad, en el proceso militar.

Tales ideologías se asientan en la lógica formal, centroeuropea, heredera de la dialéctica “civilización y barbarie”, propia de la generación del 80, con una fuerte negación de la vigencia de la raíz de la cultura andina, excepto si se trata del turismo, es decir, de la visión del coya y el cardón (ahora también de la “defensa de las bellezas de un medio ambiente natural”) como simpáticos y “típicos” iconos culturales que los viajeros del exterior podían comprobar con sus propios ojos, siempre y cuando tales iconos se mantuvieran silenciosos, sumisos y controlables por la burguesía local.

Cuando se produjeron las cruentas represiones del 76 en Jujuy, colaboraron con ellas algunas “fuerzas vivas” y, obviamente, el poder judicial, sea por temor a la represión, sea porque se compartía la visión del mundo antes mencionada que aún hoy subsiste y se manifiesta en el entramado jurídico que provoca las dificultades que existen y existieron para llevar adelante los juicios de lesa humanidad que se extienden a lo largo y lo ancho del país.

En cuanto a la acción de las organizaciones sociales, cabe mencionar que como tales colectivos portan en sus filas una masa crítica que proviene del universo de los desocupados e hijos de desocupados que fueron integrados socialmente por el gobierno nacional a través de planes de construcción de viviendas por cooperativas -a partir del 2003- y cuya dirigencia es muy consciente de las razones de la pobreza y la marginación, cuando las organizaciones de DDHH se vieron gravemente afectadas en sus reivindicaciones por ese entramado conservador, la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales decidieron salir a la calle para activar en los hechos, y decididamente, los juicios.

Desde la década del 80, muchos son los jujeños que participaron en las marchas por la Memoria y la Justicia o tuvieron distintas iniciativas reivindicativas como, por ejemplo, la creación del Parque de la Memoria. Pero ello no fue suficiente. En estas tierras hacía falta algo más que un acompañamiento simbólico sobre todo cuando el gobierno de Néstor Kirchner declaro a la lucha de los Derechos Humanos como una cuestión de estado.

Así sucedió que el 7 de Marzo pasado y ante la evidente demora de los juicios, las organizaciones y sus miles de adherentes decidieron encolumnarse junto a los compañeros y compañeras de Abuelas, Madres, Familiares e Hijos y exigir al juez federal N° 2, Olivera Pastor, la agilización de las distintas causas. Posteriormente, el 24 de Marzo, en el acto recordatorio del comienzo del proceso militar, salieron a la calle miles y miles de compañeros y compañeras en la marcha más grande de la historia de Jujuy para plantear el Fin de la Impunidad. Tal manifestación fue tan contundente que provocó la renuncia de Olivera Pastor y el comienzo de los juicios con un nuevo juez que, al parecer, asumió el mandato de los nuevos tiempos.

Ahora, con la citación de los directivos del Ingenio Ledesma, el allanamiento de sus oficinas y el comienzo formal de los primeros juicios se avizora una luz de esperanza que va mas allá de tales acciones judiciales y que pretende cambiar la historia real de la provincia de Jujuy integrándola en el gran proceso latinoamericano a partir de la vigencia de la Verdad, la Memoria y la Justicia que, con sus aciertos y errores, cumple con la prescripción sagrada de recuperar el Buen Vivir para todos los habitantes de nuestra casa ubicada en el sur del gran subcontinente andino.

San Salvador de Jujuy, julio de 2012

 

 

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